Domingo 24 de Septiembre de 2017

Gina y Silva, exvoceros de Duarte, usaron la misma empresa para desviar 24 millones de pesos

Fecha: 22/05/2017
Hora: 23:20 hrs.

El mismo día en que Alberto Silva asumió la oficina de Comunicación Social se pagaron millones de pesos a Cordocons S.A. de C.V., una sociedad mercantil vinculada a un subordinado de Gina Domínguez.

Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, Domínguez y Silva pagaron 24 millones a la empresa Cordocons, sin que prestara los servicios para los que fue contratada, indica un reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Ésta sociedad mercantil fue constituida el 28 de octubre de 2013 en el municipio de Córdoba. Su objeto principal es la construcción en general: obras de edificación, urbanización, fraccionamientos, viviendas y naves industriales.

Gina Domínguez Colío y Alberto Silva Ramos, exvoceros de Javier Duarte, utilizaron la empresa Cordocons S.A. de C.V. para desviar 24 millones de pesos en enero y febrero de 2014, justo cuando el exgobernador —preso en Guatemala— destituyó a Domínguez y ordenó su relevo con Silva, en la oficina de comunicación social de Veracruz que ambos dirigieron.

Pero los 24 millones de pesos que pagaron a Cordocons, sin contrato ni licitación, y sin que prestara los servicios, fueron para difundir las actividades del gobierno de Veracruz.


Desviaron millones el día en que Gina dejó comunicación social
La empresa Cordocons S.A. de C.V. recibió los 24 millones de pesos por la difusión de las obras y acciones del gobierno de Javier Duarte de 10 secretarías del estado distintas.

Al menos 17 millones de pesos fueron pagados —de acuerdo con facturas en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— entre el 31 de enero y el 20 de febrero de 2014.


Gina Domínguez fue la vocera de Javier Duarte desde el 1 de diciembre de 2010, y el 20 de febrero de 2014 —el mismo día en que se pagaron 7 facturas— fue sustituida por Silva Ramos, actualmente diputado del PRI, personaje vinculado a la red de exfuncionarios del exgobernador que facilitó los contratos a empresas fantasma.


La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz refiere en sus artículos 36 y 37 que le corresponde a Comunicación Social la “coordinación de la difusión informativa, publicitaria y promocional de las actividades, obras y servicios de la Administración Pública Estatal”, por lo que las secretarías del estado no son responsables de contrataciones por ese concepto.


Sin embargo, para desviar estos 24 millones de pesos fueron afectados los presupuestos para el campo, desarrollo social, salud, educación, seguridad pública, procuración de justicia, comunicaciones, desarrollo económico, turismo y gobierno.


Alberto Silva fue el brazo de Duarte que desvió millones en cosa de horas, también publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.


Los montos más notables se realizaron el día en que Gina Domínguez dejó de ser la vocera de Duarte, todos por 1 millón 325,710 pesos, y con minutos de diferencia.


Los 7 millones de pesos restantes fueron pagados a Cordocons S.A. de C.V. (de acuerdo con un documento de la Tesorería del gobierno de Veracruz obtenido vía Transparencia), entre el 17 y 26 de febrero de 2014, cuando Silva ya despachaba en la oficina de Comunicación Social y Domínguez como secretaria técnica de la Oficina del Gobernador.


Cordocons y los vínculos con Gina
En el organigrama de Comunicación Social figuró como jefe Administrativo, desde el primer día del nombramiento de Gina Domínguez, Luis Manuel Salgado González.


Según testimonios consultados, Luis Manuel Salgado mantiene lazos de consanguinidad con Roberto Rubio Salgado, uno de los accionistas de Cordocons S.A. de C.V.


Al mismo tiempo, Rubio Salgado es el representante legal de la empresa con poder general y amplias facultades para la administración de la sociedad.


Gina Domínguez utilizó en distintos momentos a sus subordinados para beneficiarse con recursos públicos. De acuerdo con una investigación de Animal Político, la exvocera benefició con más de 38 millones de pesos del erario veracruzano a una empresa de medios mientras ella despachaba como funcionaria en el gobierno de Duarte y después tomó el control.


Luego de la publicación, Domínguez acusó que Silva “desde el primer día de su arribo a Comunicación Social, se dio a la tarea de desacreditar mi gestión… No es nada personal, trata de salvar su pellejo”.


Y es que señaló que él es uno de los operadores políticos más cercanos al exgobernador Duarte “que lucha salvajemente por evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales que le persiguen”.


Pero entre ambos facilitaron el desvío de los 24 millones de pesos a Cordocons S.A. de C.V., la empresa que opera en Calle 6 número 307 de la colonia Centro, en Córdoba, Veracruz, con un rango de 0 a 10 empleados, según registros del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).


La noche del pasado sábado Gina Domínguez fue detenida por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz, acusada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y desvío de al menos 100 millones de pesos. Fue ingresada al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, luego de que un juez le dictó un año de prisión preventiva.


Este lunes la Fiscalía General de Veracruz solicitará a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados iniciar el juicio de desafuero en contra del legislador priista Alberto Silva.


Tres carpetas de investigación
La Fiscalía General de Veracruz ha revelado que en contra de Gina Domínguez y Alberto Silva tienen abiertas tres carpetas de investigación por posibles actos de corrupción y el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos durante sus gestiones en la Coordinación General de Comunicación Social.


El 27 de abril pasado la fiscalía citó a Domínguez para rendir declaración, en calidad de testigo, para el desahogo del contenido de la Carpeta de Investigación FGE/FIM/67/2017. Pero la exvocera no atendió el primer citatorio, por lo que la noche del sábado fue detenida.


Pero también enfrenta la investigación 247/2016 con motivo de su evolución patrimonial ante la Contraloría General del Estado por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos.



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