Jueves 23 de Noviembre de 2017

Se castigaría con prisión a los servidores públicos que rindan informes erróneos

Fecha: 26/07/2017
Hora: 11:11 hrs.

La multa impondrá de tres a diez años de prisión y 500 UMA como multa a los jefes de despacho que omitan información o rindan informes falsos


El diputado Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma
al artículo 320 del Código Penal para el Estado de Veracruz imponiendo
de tres a diez años de prisión, multas de hasta quinientas Unidades de
Medida y Actualización (UMA) y la inhabilitación para el ejercicio de
empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal al
servidor público de cualquier nivel que rinda informes falsos en las
comparecencias.

La iniciativa prevé establecer que se impondrán de tres a diez años de
prisión, multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización de multa,
y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en
la administración pública estatal, al servidor público de cualquier
nivel que al comparecer ante el Congreso del Estado, rinda informes
falsos, falte a la verdad en sus declaraciones, incumpla en proporcionar
los informes, datos o documentos relevantes relacionados con el
desempeño de su encargo, requeridos en sus comparecencias ante esta
Soberanía o sus comisiones, y obstaculice las acciones de transparencia
de la información a las que está obligado por ley.

El legislador del Grupo “Juntos por Veracruz” expuso que durante mucho
tiempo en las comparecencias que se llevan a cabo en el Poder
Legislativo los secretarios de despacho han presentado información
errónea e incompleta sobre el tema de rendición de cuentas por lo que es
necesario tipificar la figura jurídica que frene la omisión de
información y obstaculice las acciones de transparencia.

En tal virtud el legislador propone actualizar el primer párrafo y
adicionar la fracción III del artículo 320 del Código Penal del Estado,
ya que actualmente sólo se castiga al servidor público que tenga
conocimiento o posibilidad de lesionar el patrimonio de los poderes
públicos, o en su caso evite el daño si está dentro de sus facultades y
si al concluir su empleo, cargo o comisión no entrega la información que
estaba bajo su responsabilidad.

“Es necesario aprobar esta medida para encuadrar en una figura jurídica
a los infractores que pretendan acudir a este Congreso del Estado, a
mentir a los veracruzanos, a burlarse de las necesidades y carencias de
la sociedad”, advirtió.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su desahogo y análisis.



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