Jueves 23 de Noviembre de 2017

Avala Congreso incluir la Seguridad Humana en la Constitución

Fecha: 27/07/2017
Hora: 21:05 hrs.

Aprueba el Pleno la segunda etapa de esta modificación constitucional que prevé el inicio de políticas públicas que atiendan la seguridad humana.

La LXIV Legislatura de Veracruz aprobó la segunda etapa del Decreto que
modifica la Constitución Política Estatal para incluir la seguridad
humana como una obligación del Estado para que tanto el Poder Ejecutivo
garantice su atención programática y el Congreso lo adhiera como
facultad para legislar.

Esta inclusión en la Constitución es para que las políticas públicas del
Gobierno estatal, así como de los municipios, inicien el cambio en la
forma de atender las vulnerabilidades humanas y promover acciones que
dejen de tener impactos aislados.

Este decreto fue aprobado con 47 votos a favor de diputados y diputadas
del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, PVEM y Nueva Alianza.

-Magistrados solo podrán ejercer hasta los 70 años-

Las diputadas y diputados aprobaron el Dictamen de decreto que reforma
los artículos 58 y 59 y adiciona el artículo 58 Bis de la Constitución
Política del Estado para establecer un límite superior a la edad de los
jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, como garante de
respeto a su carrera y un beneficio explícito a los años de servicio
aportados a la institución.

Los legisladores avalaron con 47 votos a favor, sin abstenciones o votos
en contra, la primera -de dos etapas- de este Decreto que establece como
requisitos para ser magistrado del Poder Judicial tener cuando menos, 35
cinco años cumplidos y no más de 70 al día de la designación.

Para ser Juez del Poder Judicial se requiere ser veracruzano y haber
residido en la Entidad durante los dos años anteriores al día de la
designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años
en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus
derechos y no tener más de sesenta y cinco años al día de la
designación.

Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho y
cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente
facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar,
preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional
en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente
su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena.

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto
religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la
Constitución Federal y la ley de la materia.

Serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de
oposición; durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratificados las
veces que sean necesarias, de acuerdo a los parámetros establecidos por
el Consejo de la Judicatura, siempre que su función haya sido
desempeñada con probidad, eficiencia y profesionalismo y que su
expediente no tenga notas de demérito.

Serán causas de remoción, además de las estipuladas por la Ley, el haber
cumplido sesenta y cinco años de edad.

Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, solo serán
removidos de conformidad con lo dispuesto con esta Constitución o por
retiro forzoso.

Serán motivo de retiro forzoso: haber cumplido los diez años en el cargo
o haber cumplido 70 años de edad.

A través de un artículo tercero transitorio se advierte que todos los
magistrados del Poder Judicial del Estado continuarán en el desempeño de
su cargo por el plazo que para cada uno corresponda de acuerdo a su
nombramiento, acatando las normas establecidas en la propia
Constitución, con la calidad de magistrados propietarios y en igualdad
de derechos y condiciones.



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