Jueves 14 de Diciembre de 2017

Propone PRI fortalecer la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia

Fecha: 22/08/2017
Hora: 21:29 hrs.

Presenta el diputado Armando López Contreras iniciativa de reforma que permitiría a la Sala Constitucional conocer en segunda instancia de asuntos indígenas.

Con el propósito de fortalecer a la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia del Estado haciendo efectivas las atribuciones que
constitucionalmente posee, el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a través del diputado Ángel Armando
López Contreras, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juicio
de Protección de Derechos Humanos y a la Ley de Derechos y Culturas
Indígenas, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con esta propuesta se busca fortalecer la competencia de la Sala
Constitucional en asuntos indígenas, bajo la premisa de la
especialización de los órganos encargados de administrar justicia, y las
condiciones específicas de los pueblos que integran nuestro territorio.

La iniciativa refiere que en razón de ser la Sala Constitucional la
única autoridad en el Estado encargada de hacer que prevalezca la
supremacía constitucional a través de los mecanismos de control que
tiene dentro de sus atribuciones, es preciso dotarla de facultades que
le permitan imponerse ante aquellas autoridades que vulneren derechos
humanos, constriñéndolas de manera imperativa cuando habiendo aceptado
la recomendación formulada por la Comisión Estatal, no reparen la
violación provocada por el acto de autoridad correspondiente.

Para lo cual –añade- se establecerá como impetrante del juicio a la
Comisión, dándole el carácter de parte agraviada, pudiendo coadyuvar al
respecto aquel que haya interpuesto ante dicho órgano autónomo la queja
relativa.

En tribuna, el legislador subrayó que es necesario reformar la fracción
IX del artículo 30 de la misma ley reglamentaria del Juicio de
Protección, que establece la improcedencia contra actos que sean materia
de cualquier otro juicio o procedimiento que se encuentre pendiente de
resolución, promovido por el mismo actor, contra la misma autoridad y
por el mismo acto, aun en el caso de que las presuntas violaciones a la
Constitución sean distintas.

Añadió que resulta necesario reformar la fracción VI del artículo 30 de
la Ley reglamentaria, en tanto establece que el referido juicio resulta
improcedente contra actos de naturaleza fiscal, administrativa o de los
emitidos en procedimientos en materia laboral y seguridad social, así
como en contra de actos de nombramiento o remoción de servidores
públicos estatales o municipales.

En todas las etapas procesales, y al dictar resolución, deberán
considerar la condición, prácticas, sistemas normativos y la costumbre
del o de los miembros de los pueblos y comunidades de indígenas. La Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado será
competente para resolver en segunda instancia los conflictos en materia
penal relativos a asuntos indígenas.



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