Miércoles 12 de Diciembre de 2018

Algo no esta bien.

Jeremías Zuñiga Mezano.

Fecha: 28/09/2018
Hora: 10:54 hrs.

“A los amigos justicia y gracia. A los enemigos la ley a secas”.

Cuando el servidor público responsable de decidir qué políticas públicas se
implementarán en materia de seguridad, combate a la pobreza, educación, desarrollo
económico, salud, deporte, protección civil, campo y pesca, infraestructura, turismo,
así como todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida, el progreso
y bienestar de la población, incumple con su deber legal y es denunciado por las
dependencias encargadas de fiscalizar los recursos públicos e investigar la función
pública, debido al desvío de miles de millones de pesos, lo cual provocó: el incremento
de la violencia, la desaparición de personas, secuestros, homicidios, pobreza,
deserción escolar, desempleo, pérdida de la producción agroalimentaria, deterioro en
la salud de los ciudadanos, destrucción del tejido social al grado de generar
desesperanza en la población, pero como castigo sólo recibe el escarnio público y una
condena que se equipara a la extensión de su período de gobierno, y posteriormente
sin tener que trabajar podrá vivir en la abundancia, con lujos y placeres; es entonces
cuando debemos hacer un alto y analizar qué no está funcionando en el sistema de
justicia o quienes intervienen para que no funcione el sistema de impartición de
justicia.

El caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

El principal beneficio para Javier Duarte como imputado al haber optado por el juicio
abreviado del sistema de justicia oral adversarial es la disminución de la pena, esto
debido a que el procesado aceptó declararse culpable y al haberle evitado el juicio al
estado podrá solicitar la reducción de hasta la mitad de la pena mínima por los delitos
dolosos. Sin embargo, de acuerdo al espíritu de la reforma este procedimiento no
debió ser avalado por el fiscal y aplicado al exgobernador por el tipo de delitos que
conllevan una conducta dolosa, la cual causó agravios generalizados a toda la
población, toda vez que la pena debe ser acorde al tipo de conducta realizada, y en el
caso del exgobernador al incumplir con su deber legal y actuar en contra de los
intereses generales de sus gobernados, debió ser procesado sin ningún tipo de
beneficio, debido a que sus acciones provocaron afectaciones generalizadas y en
algunos casos los efectos serán desde prolongados hasta permanentes.

Por tanto, los fiscales del caso Duarte no debieron conceder este procedimiento
abreviado que beneficia con claridad y contundencia únicamente al exgobernador,
generando un nuevo agravio la sociedad, sólo que ahora de efectos nacionales, el de la
pérdida de la confianza en el sistema de justicia. Porque al haberse declarado culpable
reconoció el dolo en todas sus conductas y por la naturaleza de los delitos al no haber
reparación del daño los veracruzanos continuarán agraviados por un sistema de
justicia que los dejó en estado de indefensión. Hay que señalar que el exgobernador
sólo aprovechó los beneficios que le concedieron los fiscales del caso, la pregunta es
¿por qué le concedieron estos beneficios a Javier Duarte? Porque legalmente debieron
negar este procedimiento abreviado que no procuró justicia a los veracruzanos.
Por consiguiente, si queremos hacer de México un país donde prevalezca el estado de
derecho para que haya justicia, es necesario acabar con la negociación política en los
juicios. El mensaje dado a todos los mexicanos y en particular a los veracruzanos ha
sido como aquella frase que se le adjudica a Juarez “A los amigos justicia y gracia. A los
enemigos la ley a secas”, aunque en una interpretación actual quedaría “a los amigos
y cómplices justicia y gracia; a los enemigos y adversarios políticos todo el peso de la
ley y un poco más; y a los ciudadanos la aplicación de la ley a secas”.
Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
Twitter: @jeremiaszm
Pagina Facebook Jeremias Zuñiga Mezano
Correo: jeremías.zuniga@gmail.com



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