Como consecuencia de la reducción presupuestal hecha este año al Poder Judicial de la Federación, trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública fueron afectados al haber sufrido una reducción en sus percepciones, acción que se concretó en la segunda quincena del mes de enero del año en curso. El 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de reforma al Poder Judicial, en cuyo artículo Décimo Transitorio se estableció que “Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad�, sin embargo, pese a la existencia de dicha disposición, en la segunda quincena de enero, trabajadores de la Defensoría Pública Federal y de órganos administrativos del Poder Judicial de la Federación resintieron la disminución señalada. Señalan que desde el año 2019 no se les ha realizado el ajuste salarial por inflación, lo que ha implicado que desde ese año hasta la fecha su ingreso sea el mismo, cuando el costo de la vida ha incrementado significativamente. Es por ello que ante el temor de que la reducción a sus ingresos continúe, el personal de la Defensoría comenzó a laborar bajo protesta a nivel nacional y ha solicitado establecer mesas de diálogo con las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal y legisladores federales para tratar este tema, pues refieren que se les ha dado un trato discriminatorio. El trabajo bajo protesta es la primera medida que han tomado, y en caso de ser necesario, realizarán otras acciones para la defensa de sus derechos laborales, pudiendo llegar a un paro parcial de labores. En el estado de Veracruz se colocaron lonas con un mensaje de rechazo por esta situación en las sedes de Tuxpan, Poza Rica, Villa Aldama, Xalapa, Boca del Río y Cosamaloapan, donde tiene presencia esa institución. “Justicia social� y “Primero los pobres� han sido estandartes del discurso gubernamental, sin embargo, con medidas como esta, se afecta gravemente a ese sector de la población, pues los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de Asesores Jurídicos Federales en materia laboral, civil, fiscal y administrativa, así como a través de los Defensores Públicos en materia penal, es un servicio que se otorga de forma gratuita y profesional precisamente a quienes no cuentan con la posibilidad de pagar los servicios de un abogado para la defensa de sus derechos. El personal de dicha dependencia hace un llamado a la ciudadanía para que permanezca informada sobre este tipo de acontecimientos y se solidarice con las acciones que vayan realizando, pues el acceso a la justicia es un derecho humano de todas las personas y el Instituto Federal de Defensoría Pública es garante de ello al otorgar sus servicios a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.